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La pretensión fundamental de la Ley es que las compañías aseguradoras sean más fiables y solventes y para ello establece una serie de exigencias. En lo que a los usuarios se refiere, se contienen unas disposiciones, tales como:

- Deber de información al tomador al contratar un seguro, de forma que antes de contratar un seguro se debe informar al tomador del derecho aplicable respecto a la autoridad que controla a la aseguradora. Esto es importante en el caso de compañías extranjeras que operan en España en el régimen de libre prestación de servicios. También debe informar de los mecanismos de reclamación que existan.

- En el caso de seguros de decesos y de enfermedad, la compañía debe informar de los criterios para la renovación de la póliza y del incremento de las primas para los próximos años. Esto es importante para evitar abusos por las aseguradoras de salud, que pueden dar de baja el seguro si el beneficiario contrae reiteradas enfermedades.

- Mecanismos de resolución de conflictos. Aunque el art. 97 recoge los diferentes mecanismos existentes para la solución de conflictos entre aseguradora y asegurado, no son una novedad. En la práctica seguiremos sufriendo el problema que se plantea cuando la aseguradora rechaza un siniestro de pequeña cuantía, pues no existen mecanismos de solución rápidos, sencillos y eficaces.