La figura del denominado “contrato menor”, de amplia utilización en las Administraciones Públicas (sobre todo en el ámbito local), ha sido siempre objeto de amplias controversias por su aparente “laxitud” en cuanto al cumplimiento de requisitos y formalidades en comparación con el resto de los contratos públicos, pero sin que por eso deje de ser una figura que, bien aplicada, resulte muy conveniente para la adecuada acción pública.
A pesar de la reiterada jurisprudencia europea y nacional, así como de Sentencias firmes en Aragón (TSJAr), Gobierno de Aragón sigue sin reconocer y sin abonar de oficio a todos los funcionarios interinos, lo que conocemos como "sexenios". Únicamente paga a aquéllos quienes expresamente consiguen una sentencia firme favorable a su reconocimiento.